Detrás de esta narrativa gubernamental se esconde una realidad mucho más cruda: el Estado cubano, incapaz de satisfacer la demanda interna de productos esenciales, delega en los ciudadanos la responsabilidad de abastecerse a través de importaciones individuales. En términos prácticos, la exención es una válvula de escape que permite amortiguar el descontento social, sin que el gobierno tenga que asumir directamente los costos de importar estos bienes.
Esta situación resalta las tensiones en Cuba respecto a la libertad de expresión y la represión política, poniendo en evidencia la compleja dinámica entre el gobierno y los sectores opositores en el país.
