Cuatro feminicidios en pocos días elevaron a 45 las muertes por violencia machista en Cuba en 2025. Los casos revelan patrones reiterados: agresores íntimos, crímenes en el hogar, antecedentes de violencia ignorados y una alarmante falta de información pública sobre denuncias previas y controles institucionales.
Movimientos inesperados en Cienfuegos y la destitución de la directora provincial de Justicia en Guantánamo reavivan el debate sobre la corrupción estructural en Cuba, justo cuando el Gobierno intenta presentar la caída de Alejandro Gil como una muestra de “tolerancia cero”. Lo que emerge, sin embargo, es la percepción de un entramado donde las irregularidades no son excepciones, sino el modo habitual de funcionamiento dentro de instituciones desgastadas y desconectadas de la ciudadanía
En Jovellanos, Mayabeque, Baracoa, Moa o Chicago, y en una comunidad rural de Ciego de Ávila donde una niña se salvó a fuerza de gritos en Facebook, se repite la misma pregunta que atraviesa barrios y pantallas: cuántas mujeres más deberán morir –o quedar al borde de la muerte– antes de que el Estado reconozca la magnitud de la emergencia y establezca políticas reales de prevención, protección y reparación.
Los dos casos, separados por provincias y por fechas, comparten un punto ciego: la distancia entre el crimen y la justicia. La etiqueta de “bajo investigación” solo tiene sentido si se traduce en avances verificables. De lo contrario, es otra forma de impunidad. Las familias insisten en seguir: que se reabran líneas de pesquisa, que se actúe sobre información ciudadana y que nadie se acostumbre a la idea de que matar puede no tener consecuencias.
Los relatos, compartidos como publicaciones y fotografías, combinan descripciones médicas, testimonios de vecinos y reclamos por la inacción de las autoridades locales, y llegaron acompañados de un clamor por justicia que se repite en los comentarios.
El llamado busca no solo reabrir un expediente, sino rescatar la memoria de una mujer que, como tantas, fue silenciada por la violencia machista y por un sistema que rara vez responde. Porque la justicia no puede tardar otros catorce años. Cada día sin respuesta prolonga el dolor y confirma una impunidad que, en Cuba, se ha vuelto costumbre.
En las últimas horas circulan en redes sociales múltiples denuncias ciudadanas que apuntan a presuntos actos de corrupción en diferentes localidades de Cuba, en medio de una crisis económica persistente y un creciente malestar social.
un hombre en la provincia de Ciego de Ávila irrumpió en la vivienda de su expareja, la golpeó violentamente delante de sus hijos pequeños, comenzó a romper todo dentro y luego se atrincheró en el lugar, presuntamente bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.
El doble asesinato de Ailén Tartabull y Víctor Manuel Ojeda Alpízar y el paradero desconocido de Adrián Cruz Hidalgo, con rumores de fuga a México y un antecedente en Pueblo Griffo. Una fuente aporta que Cruz habría amenazado antes a un hombre luego hallado apuñalado y describe la secuencia de la noche del crimen.
Que un “sujeto muy peligroso” esté suelto y que un directivo “con un muerto encima” también lo esté son, por supuesto, planos distintos del delito. Existe una gran diferencia entre una alerta de “peligrosidad” y un siniestro vial donde se ve involucrado un dirigente, aunque no se trate de un dirigente cualquiera: en este caso estamos hablando del Jefe de Combustible de una corporación poderosísima, que le debe haber hecho favores - entiéndase que son favores relacionados con autos, viajes y combustible - a muchísimas personas influyentes en la provincia. Un hombre de bien, que seguramente ni escapará del país, pero que tiene recursos para hacerlo.
Varios casos recientes donde la violencia contra la mujer es señalada. En otro, ocurrido en el año 2000, se denuncia que el victimario apenas recibió 8 años de cárcel.
Melissa no es la primera ni la única. Este nuevo feminicidio ocurre en un contexto donde el número de mujeres asesinadas en Cuba sigue aumentando sin que exista una ley integral contra la violencia de género ni mecanismos efectivos de protección. Desde la sociedad civil y organizaciones feministas independientes se ha venido denunciando, una y otra vez, la inacción institucional, el ocultamiento estadístico y el desinterés sistemático del Estado frente a esta emergencia social.
