Las condiciones de trabajo descritas en el informe son duras: ausencia de herramientas adecuadas, falta de equipos de protección, ausencia de descansos y riesgo constante de lesiones graves. Muchos entrevistados aseguraron haber sido obligados a trabajar a pesar de padecer enfermedades crónicas o discapacidades. Además, el informe denuncia que afrodescendientes y mujeres están sobrerrepresentados entre las víctimas, y que en el caso de estas últimas las formas de violencia incluyen abusos sexuales.
La controversia no se limita a Jamaica. El primer ministro de San Vicente y las Granadinas, Ralph Gonsalves, también rechazó las acusaciones y afirmó que su país cumple con los estándares internacionales de trabajo. “Aquí no hay trata ni trabajo forzado. Les pagamos bien, tienen vacaciones, pueden entrar y salir del programa”, declaró Gonsalves, citado por The Guardian.
