Los efectos combinados, a tenor de lo que pueda decir ella, dibujan un panorama inquietante. Por un lado, la economía se resiente en sectores que dependen de la mano de obra inmigrante. Por otro, la imagen del país como destino abierto y atractivo se erosiona en el escenario global. Entre tanto, voces como la de Salazar insisten en que no se puede seguir ignorando el aporte de quienes trabajan en silencio para sostener la vida cotidiana.
La “cacería” de ICE no se ha detenido; simplemente se ha desplazado de sectores protegidos hacia la construcción. Los índices, declaraciones y testimonios indican que miles de proyectos están en riesgo, los costos se disparan y los trabajadores viven bajo presión constante. Mientras no haya una moratoria concreta o una reforma migratoria que integre a la construcción, este conflicto estructural continuará erosionando la recuperación económica, la oferta de vivienda y el sustento de miles de familias que, más allá de su estatus legal, sostienen el progreso físico del país.
