La Fiscalía de Guantánamo abrió un proceso penal por el asesinato del profesor Rolando Castelví Riñat, atacado con arma blanca mientras realizaba una guardia en la Escuela Pedagógica José Maceo. El crimen expone la creciente inseguridad en centros educativos y las fallas estructurales que permitieron la entrada de cuatro jóvenes al recinto antes del ataque.
Los dos casos, separados por provincias y por fechas, comparten un punto ciego: la distancia entre el crimen y la justicia. La etiqueta de “bajo investigación” solo tiene sentido si se traduce en avances verificables. De lo contrario, es otra forma de impunidad. Las familias insisten en seguir: que se reabran líneas de pesquisa, que se actúe sobre información ciudadana y que nadie se acostumbre a la idea de que matar puede no tener consecuencias.
Una exfigura de TV fue arrestada por el presunto asesinato de su madre. Testigos llamaron al 911; la investigación sigue y la fianza quedó en US$1 millón.
En su nota oficial, el órgano aseguró que ejercerá la acción penal pública ante el tribunal “con respeto a los derechos y garantías” y en correspondencia con la gravedad de los hechos, un mensaje que busca ordenar un caso que sacudió a la comunidad y desató múltiples rumores desde el primer momento.
La muerte de Matilde Muñoz Cazorla abre ahora un capítulo judicial en Indonesia del que dependerán respuestas definitivas: quién la atacó, cómo, cuándo y por qué. Mientras se esclarecen responsabilidades, su historia deja una herida en Ferrol, su ciudad de origen, y una advertencia incómoda para el turismo internacional: incluso en los paisajes más idílicos, la seguridad nunca puede darse por descontada.
El caso ha generado un fuerte debate en las redes sociales no solo por la brutalidad de los hechos, sino también porque Muñoz-Ochoa tenía un largo historial de arrestos previos por delitos bien graves y detenciones relacionadas con inmigración.
Según la versión divulgada por el perfil de Facebook De Pinar Soy, uno de los implicados fue arrestado de inmediato por la Policía Nacional Revolucionaria, mientras que el segundo fue localizado días después en la provincia de Santiago de Cuba. Ambos se encuentran bajo custodia.
La noticia golpeó con fuerza al país. Geosvany, un joven trabajador del sector turístico y chofer de Transgaviota Centro, residía en Caibarién con su esposa embarazada. Esperaban a su primer hijo, y la revelación del sexo estaba prevista para los días posteriores al crimen. “Representa una tragedia inconmensurable”, escribieron medios oficiales al evocar su recuerdo.
Este crimen no solo ha desatado un operativo represivo, sino que también ha expuesto el profundo hartazgo social ante la ola de violencia y la impunidad. Los comentarios sugieren que el pueblo de Cienfuegos ya no confía únicamente en las autoridades, sino que asume parte del proceso: denunciando, compartiendo fotos y datos, presionando para que los asesinos no tengan dónde esconderse.
