Más de 600 000 cubanos han iniciado trámites para obtener la ciudadanía española bajo la Ley de Memoria Democrática, una cifra muy superior a lo previsto inicialmente por las autoridades españolas y que presiona a un sistema consular ya saturado.
Mientras familiares y testigos siguen reclamando justicia y transparencia, lo urgente es que las autoridades amplíen la información básica del caso: identidad del detenido, calificación provisional de los delitos, estado de salud de los lesionados y garantías procesales. Esa claridad no solo desactivaría el carrusel de versiones en internet; también blindaría el derecho de las víctimas a conocer la verdad y el de cualquier investigado a no ser condenado en la plaza pública antes de que hable un tribunal.
Así, mientras las publicaciones de corte especializado subrayan la fidelidad del mercado canadiense y la inversión en renovaciones hoteleras, los reportes independientes apuntan a que las condiciones internas del país siguen minando la experiencia de los viajeros y, por tanto, restando atractivo al destino.
