Una red criminal dedicada al fraude con tarjetas de crédito y lavado de dinero en el sur de Florida fue desarticulada tras una investigación federal que culminó con la sentencia de cinco implicados, entre ellos ciudadanos cubanos, responsables de generar más de 3,5 millones de dólares en cargos fraudulentos.
La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida informó que los acusados operaron un esquema organizado que combinaba el uso de empresas fantasma, sistemas de pago manipulados y datos robados para procesar transacciones ilegales a gran escala. Según los registros judiciales, el grupo mantuvo activa la operación entre febrero de 2023 y junio de 2024.
Entre los condenados figura Willan Pupo, ciudadano cubano de 38 años, quien recibió una sentencia de 132 meses de prisión federal, equivalente a once años. También fueron condenados Joel Castillo, de 39 años, a 58 meses de cárcel; William Castillo, de 42, a 55 meses; Miriam Pupo, de 36, a 37 meses; y Jessica Forpomes, de 40 años, a 36 meses de prisión. Todos se habían declarado culpables previamente del delito de lavado de dinero.
De acuerdo con la acusación federal, la red utilizaba negocios legítimos y compañías ficticias para obtener dispositivos de punto de venta (POS) de procesadores comerciales. Estos equipos les permitían procesar pagos con tarjetas de crédito y débito y canalizar el dinero hacia cuentas bajo su control.
Una vez con los dispositivos, los acusados aplicaban distintos métodos para generar cargos falsos. En algunos casos utilizaban tarjetas de crédito pertenecientes a colaboradores para registrar compras ficticias de bienes o servicios que nunca se entregaban. Posteriormente, esas mismas personas disputaban los cargos ante las entidades financieras para obtener reembolsos.
Otra parte del esquema consistía en comprar números de tarjetas robadas en la llamada “dark web” y mediante plataformas de mensajería cifrada como Telegram. Con esos datos procesaban pagos no autorizados a través de los terminales POS. Además, también utilizaban tarjetas físicas robadas del correo para realizar compras fraudulentas adicionales.
Tras completar las transacciones, los implicados transferían rápidamente el dinero o lo retiraban en efectivo antes de que los procesadores de pagos detectaran irregularidades. Cuando los titulares de las tarjetas denunciaban los cargos, las transacciones eran revertidas, dejando las pérdidas en manos de bancos y empresas procesadoras.
La investigación reveló además que algunos miembros del grupo accedieron a bases de datos con información personal sensible —incluyendo números de seguro social y direcciones— para identificar víctimas y activar tarjetas robadas con mayor rapidez.
El fiscal federal Jason A. Reding Quiñones afirmó que el grupo “explotó negocios legítimos y abusó de los sistemas financieros”, advirtiendo que quienes construyan redes criminales basadas en el robo de datos enfrentarán severas penas de prisión federal.
Los primeros arrestos del caso ocurrieron en julio de 2024, cuando agentes del Servicio Secreto realizaron una redada en una vivienda de Pembroke Pines, en el condado de Broward, donde fueron detenidos varios de los implicados.
