La organización Prisoners Defenders denunció este fin de semana la muerte del preso político cubano Luis Miguel Oña Jiménez, de 27 años, tras cuatro años de encarcelamiento por su participación en las protestas del 11 de julio de 2021. El joven había sido condenado a 12 años de prisión por el delito de sedición, una de las figuras penales más severamente aplicadas contra los manifestantes de aquellas históricas jornadas.
Según la denuncia de la ONG, Luis Miguel fue excarcelado bajo una “licencia extrapenal” apenas días antes de su fallecimiento. Esta figura jurídica es utilizada por las autoridades cubanas para liberar a reclusos gravemente enfermos cuando su estado es irreversible, lo que evita que mueran formalmente bajo custodia penitenciaria. El joven falleció tras sufrir una isquemia que lo dejó sin movilidad en la boca, manos y pies.
Luis Miguel cumplía condena en la prisión de Panamá, en el municipio de Güines, provincia Mayabeque. De acuerdo con la información divulgada, el joven era paciente de VIH/SIDA y sufrió la isquemia estando en prisión. Tras ser hospitalizado y posteriormente “desahuciado”, fue enviado a su domicilio, donde falleció tres días después.
La noticia fue acompañada por un audio desgarrador difundido por la madre del joven, Ivón Jiménez, en el que confirmaba la muerte de su hijo. Entre el dolor y la incredulidad, la madre se preguntaba por qué un muchacho de apenas 27 años había terminado así, después de haber salido a manifestarse pacíficamente. Su testimonio ha provocado una ola de reacciones entre activistas y familiares de presos políticos.
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Las protestas del 11J marcaron un punto de inflexión en la historia reciente de Cuba. Miles de personas salieron a las calles en distintas ciudades del país para expresar su descontento por la crisis económica, la escasez y la falta de libertades. Posteriormente, cientos de manifestantes (incluidos algunos menores de edad) fueron procesados y condenados a largas penas de prisión por delitos como desórdenes públicos, atentado y sedición, según han documentado organizaciones de derechos humanos.
El caso de Luis Miguel vuelve a poner en el centro del debate las condiciones de salud dentro del sistema penitenciario cubano y la situación de los presos políticos. Diversas organizaciones han denunciado reiteradamente la falta de atención médica adecuada, el hacinamiento y las condiciones insalubres en las cárceles del país.
Para su familia, la muerte de Luis Miguel no es una estadística ni un informe más. Es la pérdida irreparable de un hijo joven, con proyectos y sueños, que decidió alzar la voz en un momento histórico para la isla. “Con Luis Miguel, el régimen cubano se lleva otra vida”, expresó Prisoners Defenders en su comunicado.
Su fallecimiento se suma a una lista de denuncias que continúan señalando el alto costo humano de la represión política en Cuba. Mientras su madre llora su ausencia, su historia vuelve a recordar que detrás de cada cifra hay rostros, nombres y familias que enfrentan el duelo en medio de un contexto de profundas tensiones políticas y sociales.
