Roberto A.

El cubano Moisés Ricardo llevaba 17 años construyendo su vida en Estados Unidos y estaba a semanas de examinarse para la ciudadanía cuando una carta de USCIS le canceló la cita sin explicación. Su caso ilustra cómo el nuevo congelamiento de trámites para personas de 19 países golpea también a inmigrantes legales con años de residencia y raíces profundas en el país.

El cubano Yovany Ciero, exsargento de las Fuerzas Armadas, fue sentenciado a cuatro años de prisión por encabezar un esquema que permitió a más de cien inmigrantes, en su mayoría cubanos, obtener préstamos fraudulentos del programa de protección de nóminas (PPP) durante la pandemia. El caso se inserta en la ofensiva federal contra los fraudes a fondos de ayuda por la COVID-19.

En Jovellanos, Mayabeque, Baracoa, Moa o Chicago, y en una comunidad rural de Ciego de Ávila donde una niña se salvó a fuerza de gritos en Facebook, se repite la misma pregunta que atraviesa barrios y pantallas: cuántas mujeres más deberán morir –o quedar al borde de la muerte– antes de que el Estado reconozca la magnitud de la emergencia y establezca políticas reales de prevención, protección y reparación.

El cubano Magdiel López Rodríguez, registrado como agresor sexual en Butler County, Ohio, fue detenido por ICE después de que las autoridades detectaran que reportó direcciones falsas a la policía y a su oficial de libertad condicional. El caso se produce en un condado señalado por el uso intensivo de su cárcel para detener inmigrantes y en medio de protestas por las condiciones de esos detenidos.

Nuevos datos revelan que casi 75 000 de las 222 000 personas arrestadas por ICE en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump no tenían antecedentes penales. En paralelo, casos como el del somalí Abdul Dahir Ibrahim, el ataque con perro contra Wilmer Toledo-Martínez y la detención del líder comunitario Abdulkadir Sharif Abdi muestran un panorama de detenciones que va mucho más allá de los “criminales peligrosos” que proclama la Casa Blanca.

El enfriamiento del mercado inmobiliario en Miami no solo obedece al fin del boom pandémico y al encarecimiento de las hipotecas: también influye la ralentización migratoria. Con menos recién llegados asentándose, un teletrabajo en retroceso y un clima político menos favorable para los inmigrantes, la demanda pierde presión y los precios comienzan a ceder después de años de escalada.

El desvío de vuelos rusos desde Venezuela hacia Cuba en plena escalada militar en el Caribe reabre la pregunta sobre el aislamiento de Maduro y el verdadero alcance del respaldo de Moscú.

La detención en Fall River del cubano Jorge García Hernández, señalado por ICE como infractor habitual con condenas por delitos sexuales y de drogas, se cruza con la ofensiva migratoria de la administración Trump y con el bloqueo de La Habana a la devolución de ciertos nacionales.

La australiana Melbana Energy aplazó la perforación del pozo Amistad-11 en el Bloque 9 de Cuba tras declarar en incumplimiento a su socio Sonangol por impago de obligaciones financieras. El frenazo compromete uno de los proyectos estrella de La Habana para reducir la dependencia energética y revela hasta qué punto la viabilidad del bloque descansa en la salud financiera de la petrolera angoleña.

Análisis sobre el bulo de Ignacio Giménez y por qué su impacto expone fallas estructurales en la información, la pobreza y el Estado cubano.

En medio del nuevo endurecimiento migratorio de la administración Trump, la única voz cubanoamericana de Miami-Dade que ha salido públicamente a cuestionar la política y defender a sus electores es María Elvira Salazar. Mientras Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez optan por comunicados genéricos o silencios estratégicos, Salazar asume el costo político de denunciar lo que considera un castigo colectivo contra comunidades que ya viven en un limbo legal.

Qatar destinó 4,5 millones de dólares al PNUD para rehabilitar la infraestructura energética en tres provincias cubanas, un apoyo que llega en medio de apagones, hospitales deteriorados y una dependencia creciente del Gobierno de La Habana de fondos internacionales. Aunque la ayuda busca restablecer servicios esenciales afectados por un huracán, la ausencia de reformas profundas mantiene intacta la fragilidad del sistema y alimenta dudas sobre el impacto real de estas intervenciones en la vida de la población.

El asesinato de Estefany Reyes Gómez, de 26 años, en su casa de Madruga, Mayabeque, conmocionó este domingo a la comunidad y reavivó el reclamo urgente de reconocer y enfrentar la violencia de género en Cuba.

En Matanzas, los delitos contra los bienes del Estado pueden estar “de moda”, pero también lo está, cada vez más, la necesidad del gobierno de fabricar culpables menores para un problema que nació muy por encima del nivel donde alguien se roba un cable.

El cuadro que traza la activista es el de una maquinaria estatal más preocupada por controlar la información que por contener el brote. Afirma que las reuniones del puesto de mando de epidemiología se realizan a diario en el INHEM, pero que a ese centro llegan “solo muestras sanas”, mientras en los barrios se disparan las muertes por causas que no aparecen en ninguna estadística. La frase que resume esa visión es contundente: “Cuba entera es el foco. Todos hemos enfermado o enfermaremos y no se puede predecir el número de muertes”.