El descarrilamiento y posterior choque de dos trenes de alta velocidad ocurrido este domingo en el término municipal de Adamuz, en la provincia de Córdoba, ha quedado ya inscrito como el accidente ferroviario más grave en España desde el siniestro de Angrois en 2013 y como el cuarto con mayor número de víctimas mortales desde que existen registros.
Al menos 39 personas han perdido la vida y más de 150 han resultado heridas tras un suceso que ha sacudido uno de los sistemas ferroviarios considerados hasta ahora entre los más seguros de Europa.
El accidente se produjo a las 19:45 horas, cuando un tren de alta velocidad de la compañía Iryo que cubría el trayecto Málaga–Madrid descarriló en los desvíos de entrada de vía de Adamuz. Tres de sus últimos vagones se salieron del carril e invadieron la vía contigua, por la que circulaba en sentido contrario un tren Alvia de Renfe con destino Huelva. El impacto fue de extrema violencia: dos de los primeros coches del Alvia cayeron por un terraplén de unos cuatro metros, quedando convertidos en un amasijo de hierros.
Así lo vivió una pasajera, quien tuiteó justo después de que los vagones traseros se desprendieran, cuando aún desconocían lo sucedido con el resto de los pasajeros.
Según los datos facilitados por las autoridades, en el tren de Iryo viajaban alrededor de 300 pasajeros, mientras que en los dos vagones del Alvia más afectados se encontraban 53 personas. Entre los fallecidos figura el maquinista del convoy de Renfe. Las imágenes aéreas difundidas posteriormente muestran vagones desplazados a cientos de metros del punto inicial del choque, una dispersión que da cuenta de la velocidad a la que circulaban ambos trenes, superior a los 200 kilómetros por hora en ese tramo, completamente recto de la línea Madrid–Sevilla, sin curvas ni limitaciones especiales de trazado.
Según los primeros datos técnicos recopilados por los sistemas de registro de los convoyes, el tren de Iryo circulaba en el momento del descarrilamiento a unos 205 kilómetros por hora, mientras que el Alvia de Renfe lo hacía a aproximadamente 210. Ambas velocidades se encontraban dentro de los márgenes permitidos para ese punto de la infraestructura, donde la velocidad máxima autorizada alcanza los 250 kilómetros por hora, un dato que refuerza la calificación oficial del siniestro como un accidente excepcional y difícil de explicar desde el punto de vista operativo.
El siniestro ha desconcertado tanto a responsables políticos como a expertos ferroviarios. El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, calificó el accidente de “tremendamente extraño”, subrayando que se produjo en un tramo recto de la línea Madrid–Sevilla cuya renovación concluyó en mayo de 2025, tras una inversión pública de alrededor de 700 millones de euros. Además, el tren de Iryo había sido fabricado en 2022 y había pasado su última revisión apenas cuatro días antes del accidente, el 15 de enero.
La investigación técnica, que ya está en marcha, ha sido asumida por la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios, con apoyo de la Guardia Civil y equipos especializados en criminalística. Las primeras hipótesis se centran en un posible fallo en el material móvil, especialmente en las ruedas de los últimos vagones del tren que descarriló, donde un defecto mínimo puede resultar crítico a altas velocidades. Tanto el ministro como el presidente de Renfe han insistido en que el error humano está prácticamente descartado, dado que los sistemas automáticos de seguridad corrigen cualquier maniobra indebida del maquinista.
El operativo de emergencia desplegado en Adamuz ha sido uno de los mayores de los últimos años. Más de 200 agentes de la Guardia Civil, bomberos, sanitarios, efectivos de Protección Civil y de la Unidad Militar de Emergencias trabajaron durante toda la noche y la mañana siguiente en labores de rescate, atención médica e identificación de víctimas. Se instaló un puesto médico avanzado y se habilitó un hospital de campaña para atender a los heridos leves, mientras que los casos graves fueron trasladados a distintos centros hospitalarios andaluces, especialmente al Hospital Reina Sofía de Córdoba. A última hora del lunes, 48 personas seguían ingresadas, 12 de ellas en unidades de cuidados intensivos.
La magnitud del accidente ha tenido un impacto inmediato en la red ferroviaria nacional. La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía permanece suspendida y más de 200 trenes se han visto afectados, alterando conexiones con Sevilla, Córdoba, Málaga, Huelva, Cádiz y Granada. Las estaciones de Atocha, Córdoba y Sevilla permanecieron abiertas durante la noche para acoger a pasajeros varados, mientras se organizaban traslados por carretera y refuerzos aéreos.
Más allá de las cifras, el siniestro de Adamuz ha reabierto en España el debate sobre la seguridad ferroviaria y ha dejado una profunda huella social y política. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, canceló su agenda internacional para desplazarse a la zona, y desde la Junta de Andalucía, su presidente Juanma Moreno no descartó que el número de víctimas pudiera aumentar a medida que avanzaran las labores de levantamiento de los vagones más dañados. Mientras continúa la identificación de los fallecidos mediante pruebas de ADN, España asimila una tragedia que ya forma parte de su historia ferroviaria más negra.
