El endurecimiento de las políticas migratorias en Florida, sumado a la confusa batalla legal entre cortes federales y autoridades estatales, ha sembrado un clima de inseguridad jurídica y social. Las cifras de deportaciones podrían aumentar drásticamente en las próximas semanas, mientras miles de personas viven al filo de una orden judicial, una interpretación ambigua de la ley, o una redada en su barrio.
En cuanto a las controvertidas separaciones de familias en la frontera, Homan fue tajante: "Eso es decisión de los padres". Para él, el hecho de que una madre o padre indocumentado sea detenido mientras su hijo es ciudadano estadounidense es una consecuencia directa de haber ingresado ilegalmente al país.
La científica fue detenida en febrero por no declarar muestras biológicas en su equipaje, un error que, según su abogado, usualmente se resuelve con una multa de 50 a 500 dólares. Sin embargo, en su caso, se canceló su visa J-1 y fue privada de libertad sin comunicación inmediata con su abogado ni sus colegas de Harvard.
La víctima fatal fue identificada como Eduardo Rivero Jr., un hombre cubano de 38 años, conocido en la comunidad como propietario del negocio donde ocurrieron los hechos. Según la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, el atacante fue su medio hermano, Roberto Leyva, quien llegó armado con al menos dos armas de fuego —una pistola y un rifle largo— y abrió fuego contra Rivero y otro individuo que se encontraba en el lugar. Luego, intentó quitarse la vida.
La justicia, parece, también se retrasa cuando se trata de verdugos con visa familiar y apariencia de civilidad. Pero el escrutinio no cesa. Y el exilio, alerta y atento, insiste: si los de arriba no actúan, el pueblo no olvidará.
A medida que Miami considera su posición respecto al programa 287(g), la experiencia de Doral sirve como un ejemplo de los desafíos y divisiones que pueden surgir al implementar políticas de colaboración con agencias federales en materia migratoria
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Carlos Giménez dejó claro que su política no es antiinmigrante, sino contra los abusadores. Hizo una defensa explícita de los cubanos, venezolanos, nicaragüenses y haitianos que verdaderamente escapan de dictaduras y necesitan protección internacional. Dijo que estas personas deben ser acogidas, no rechazadas, y que deben poder permanecer en el país a través de vías legales como el TPS o solicitudes de asilo.
La audiencia final para determinar si se le concede el asilo o será deportada se celebró este martes en Florida y ha captado la atención de la comunidad exiliada.
La mujer fue capturada nuevamente por la Policía de la Ciudad de Miami tras ser identificada en una rueda fotográfica del Departamento del Sheriff de Miami-Dade. Tras negarse a declarar sin la presencia de su abogado, fue trasladada al Centro Correccional Turner Guilford Knight.
