Tres casos recientes han sacudido a Miami y comparten un patrón inquietante: hispanos en posiciones de confianza acusados de desviar millones de dólares. Desde la contable que presuntamente robó más de un millón a un concesionario de autos, hasta el abogado de Miami Lakes señalado por apropiarse de fondos de sus clientes, y el conocido promotor cubano Boris Arencibia, condenado por traficar medicamentos desviados, los expedientes delinean un mapa de fraudes que atraviesa la ciudad y golpea directamente a la comunidad latina.
El Miami Herald dedicó un editorial a la congresista María Elvira Salazar por criticar la nueva ofensiva migratoria de Donald Trump, una pausa generalizada de solicitudes de asilo, residencia y ciudadanía que ya está afectando a inmigrantes legales en el sur de Florida. Aunque el diario reconoce su postura como valiente dentro del Partido Republicano, cuestiona el silencio de otros dirigentes locales, especialmente cuando las medidas están interrumpiendo naturalizaciones y detenciones sin antecedentes. El editorial concluye que, en una comunidad levantada por inmigrantes, más voces republicanas deberían alzarse.
Un hombre hispano de 64 años fue arrestado en Miami tras apuntar con un arma a su vecino y acusarlo de ser “un espía ruso” mientras este estacionaba su carro. El caso se conoce casi al mismo tiempo que otra agresión captada en video, en la que un conductor hispano golpeó más de 20 veces a otro automovilista en plena I-95. Ambos episodios ilustran una escalada de violencia cotidiana en la ciudad.
Miami rompió casi treinta años de dominio republicano al elegir a Eileen Higgins como su primera alcaldesa. El giro abre interrogantes sobre si se trata de un voto de castigo a la agenda antiinmigratoria o del hartazgo con la clase política tradicional. La ciudad, mayoritariamente hispana, redefine así su mapa político en un momento clave para Florida.
Cuba profundiza sus vínculos con Rusia e Irán en un momento de incertidumbre económica en EE.UU., fortaleciendo alianzas políticas y económicas que desafían los marcos tradicionales de influencia estadounidense.
El cubano Moisés Ricardo llevaba 17 años construyendo su vida en Estados Unidos y estaba a semanas de examinarse para la ciudadanía cuando una carta de USCIS le canceló la cita sin explicación. Su caso ilustra cómo el nuevo congelamiento de trámites para personas de 19 países golpea también a inmigrantes legales con años de residencia y raíces profundas en el país.
El cubano Yovany Ciero, exsargento de las Fuerzas Armadas, fue sentenciado a cuatro años de prisión por encabezar un esquema que permitió a más de cien inmigrantes, en su mayoría cubanos, obtener préstamos fraudulentos del programa de protección de nóminas (PPP) durante la pandemia. El caso se inserta en la ofensiva federal contra los fraudes a fondos de ayuda por la COVID-19.
Nuevos datos revelan que casi 75 000 de las 222 000 personas arrestadas por ICE en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump no tenían antecedentes penales. En paralelo, casos como el del somalí Abdul Dahir Ibrahim, el ataque con perro contra Wilmer Toledo-Martínez y la detención del líder comunitario Abdulkadir Sharif Abdi muestran un panorama de detenciones que va mucho más allá de los “criminales peligrosos” que proclama la Casa Blanca.
El enfriamiento del mercado inmobiliario en Miami no solo obedece al fin del boom pandémico y al encarecimiento de las hipotecas: también influye la ralentización migratoria. Con menos recién llegados asentándose, un teletrabajo en retroceso y un clima político menos favorable para los inmigrantes, la demanda pierde presión y los precios comienzan a ceder después de años de escalada.
La detención en Fall River del cubano Jorge García Hernández, señalado por ICE como infractor habitual con condenas por delitos sexuales y de drogas, se cruza con la ofensiva migratoria de la administración Trump y con el bloqueo de La Habana a la devolución de ciertos nacionales.
En medio del nuevo endurecimiento migratorio de la administración Trump, la única voz cubanoamericana de Miami-Dade que ha salido públicamente a cuestionar la política y defender a sus electores es María Elvira Salazar. Mientras Marco Rubio, Mario Díaz-Balart y Carlos Giménez optan por comunicados genéricos o silencios estratégicos, Salazar asume el costo político de denunciar lo que considera un castigo colectivo contra comunidades que ya viven en un limbo legal.
