Un sacerdote de 72 años en Miami fue arrestado luego de que una discusión con una mujer que dejaba donaciones en la iglesia terminara en forcejeos, daños al vehículo y acusaciones de agresión. La víctima, con antecedentes cardíacos, debió ser hospitalizada; el párroco quedó en licencia administrativa.
En La Habana Vieja una vieja deuda de sangre se cobró a plena luz del día, frente a todos, y reforzó la idea de que, en muchos barrios de la capital, la vida vale cada vez menos y la violencia se ha convertido en un lenguaje habitual.
Según el reporte policial, la víctima fue sorprendida por dos hombres identificados como Jairo Morales, de 21 años, y su hermano Jacob Morales, de 26. Los agentes de Sweetwater detallan que lo golpearon y le arrancaron las joyas que llevaba encima, valoradas en unos 3 000 dólares, antes de salir corriendo hacia el estacionamiento. Allí los esperaba un BMW X6 blanco modelo 2025, donde estaban los otros dos presuntos cómplices: Cherry Gómez, de 28 años, y Bastián Rojas, de 25.
Según el informe policial citado por medios locales como Local 10 News y Law & Crime, la mujer relató que se encontraba en la acera con su hijo cuando Larrea Díaz, que llevaba una mochila, se les acercó y sacó un objeto que describió como “un cuchillo largo de color marrón”. En ese momento, el hombre la amenazó directamente: “¿Dónde está tu esposo? Te voy a cortar el cuello a ti y a tu hijo”, habría dicho en español, de acuerdo con el reporte.
De ser hallado culpable de los cargos más graves —que en algunos relatos fiscales incluyen amenaza escrita y conspiración— el músico enfrenta penas que van desde varios años de prisión hasta posibles condenas de máximo término bajo las leyes de Florida para amenazas de muerte y delitos conexos, según el pliego adelantado por la fiscalía.
Más allá de las versiones y los juicios inmediatos, el caso refleja una grieta más profunda. La combinación de marginalidad, descomposición social y respuestas institucionales torpes parece empujar a los más jóvenes a los bordes de la violencia, mientras el Estado responde desde la represión y no desde la prevención.
Los relatos, compartidos como publicaciones y fotografías, combinan descripciones médicas, testimonios de vecinos y reclamos por la inacción de las autoridades locales, y llegaron acompañados de un clamor por justicia que se repite en los comentarios.
La casa de Mailyn es un pasillo de mensajes, llamadas y portazos al silencio. Ella pide que, si alguien ve el carro rojo o sabe algo de Alexander Aguilera Becerra, avise. Pide, en el fondo, lo mismo que pide todo pariente que no encuentra: acción. Rastros en cámaras, llamadas invertidas, consultas a talleres y parqueos, visitas a hospitales y policlínicos. Y pide, también, lo que solo puede darle la policía: una investigación que empiece ya, que comunique cada paso y que no se oculte tras la palabra “esperar”.
Mientras la familia de Yamila Zayas exige justicia y tres niñas quedan huérfanas, el intento de asesinato en la capital yumurina evidencia que la prevención temprana, las órdenes de protección, los canales de denuncia y la transparencia no pueden seguir esperando. Con 32 feminicidios verificados en 2025 y casos en curso como el de Matanzas, la urgencia es ineludible: proteger a las víctimas y cerrar el paso a la impunidad.
Los dos sucesos, contados por Licea y amplificados por comentarios de residentes, vuelven a colocar el foco en la fragilidad de la seguridad cotidiana y en la necesidad de respuestas institucionales rápidas y transparentes. Mientras se conocen más precisiones, las denuncias recogidas por el influencer funcionan como alerta vecinal y como pedido de información a cualquier persona que pueda ayudar a esclarecer lo que ocurrió.
El juicio está relacionado con la agresión sufrida el 7 de enero de 2024, en el reparto Abel Santamaría —El Sala’o— de Santiago de Cuba, por un joven liniero de la Unión Eléctrica.
