El núcleo del conflicto es de calendario y de principios. La condena por asesinato, ya anulada, congeló durante décadas la maquinaria de deportación. Con el caso penal corregido, ICE pretende ejecutar ahora aquella orden vieja como si nada hubiera pasado entre medias. La defensa pedirá que el sistema migratorio mire el conjunto: la exoneración, la residencia de toda una vida, el arraigo familiar, la rehabilitación. Para los suyos, deportarlo a los 64 años sería prolongar la misma injusticia con otro nombre.
