No se trata de sacrificar el turismo sino de mover piezas con inteligencia. El Estado puede y debe sacrificar una parte acotada de su planta, priorizando lo ocioso y lo cerrado, combinando alojamiento temporal con la rotación de inventarios y la reconversión de inmuebles públicos. El beneficio social inmediato, el ahorro presupuestario y la reducción de daños sanitarios justifican con creces el desgaste adicional y el pequeño coste de oportunidad. Y si se hace con reglas, plazos y cuentas a la vista, ni el turismo se colapsa ni la gente sigue durmiendo en el suelo.
Las redes sociales han demostrado que el país no carece de ideas ni de capacidades, sino de voluntad y coordinación. Lo que se ha planteado desde la ciudadanía no requiere inventar nada nuevo: usar las plantas modulares de Holguín, reactivar Metuna y Alumec, movilizar Muebles Ludema, Dujo, Konfort y Renacer, redistribuir los colchones hoteleros, y comprar viviendas existentes con fondos sociales.
En resumen: sí, el dinero alcanza, pero solo si se elimina la burocracia, se articula la producción nacional y se evita el modelo de venta de materiales al damnificado. Los cálculos no son teóricos; son los mismos que la sociedad civil ha expuesto estos días en redes y foros técnicos. Con 74 millones bien gestionados, Cuba puede reconstruir todas las casas perdidas y devolver el descanso básico —una cama, un techo, un refrigerador funcionando— a quienes lo perdieron todo.
