Un estudio de la Universidad del Sur de Florida advierte que el endurecimiento de la política migratoria en el estado ha alterado de forma profunda la vida cotidiana de familias inmigrantes, incluidas aquellas con estatus legal mixto. A partir de entrevistas en profundidad, la investigación documenta efectos emocionales, laborales y sociales asociados al aumento de la vigilancia, el miedo a la deportación y la expansión de las medidas de control impulsadas por el gobierno estatal.
Nuevos datos revelan que casi 75 000 de las 222 000 personas arrestadas por ICE en los primeros nueve meses del segundo mandato de Trump no tenían antecedentes penales. En paralelo, casos como el del somalí Abdul Dahir Ibrahim, el ataque con perro contra Wilmer Toledo-Martínez y la detención del líder comunitario Abdulkadir Sharif Abdi muestran un panorama de detenciones que va mucho más allá de los “criminales peligrosos” que proclama la Casa Blanca.
El caso ha generado un fuerte debate en las redes sociales no solo por la brutalidad de los hechos, sino también porque Muñoz-Ochoa tenía un largo historial de arrestos previos por delitos bien graves y detenciones relacionadas con inmigración.
