Qatar destinó 4,5 millones de dólares al PNUD para rehabilitar la infraestructura energética en tres provincias cubanas, un apoyo que llega en medio de apagones, hospitales deteriorados y una dependencia creciente del Gobierno de La Habana de fondos internacionales. Aunque la ayuda busca restablecer servicios esenciales afectados por un huracán, la ausencia de reformas profundas mantiene intacta la fragilidad del sistema y alimenta dudas sobre el impacto real de estas intervenciones en la vida de la población.
Tras el azote del huracán Melissa por el oriente de Cuba, el país se mueve en dos planos que parecen no tocarse. En uno, la ONU anuncia un plan de 74,2 millones de dólares y aterriza en Santiago de Cuba con 4,375 lonas para hogares sin techo. En otro, madres como Yurisleidis Remedios se graban desde barrios de Santiago para denunciar que “nos estamos muriendo de hambre”, que las morgues “están colapsadas” y que, pese a las donaciones anunciadas, en sus neveras no hay nada y en sus cocinas solo queda leña.
El contraste se vuelve más áspero cuando se amplía el foco. La eliminación de USAID no solo cambió un organigrama; desactivó programas que durante décadas sostuvieron vacunaciones, controlaron brotes y financiaron redes comunitarias.
La isla, mientras tanto, trata de recomponerse con sus propias fuerzas. Defensa Civil movilizó evacuaciones masivas y brigadas de reparación eléctrica, pero el deterioro previo de la infraestructura complica una recuperación rápida. En un Caribe que intenta reponerse de un evento extremo, Melissa deja al descubierto no solo casas destruidas y puentes caídos, sino relaciones bilaterales rotas en el peor momento para miles de familias.
