Tres expedientes, tres modalidades delictivas y un mismo punto de convergencia: Miami, donde las fronteras entre lo local y lo internacional son delgadas, y donde el sistema judicial continúa lidiando con redes que aprovechan ese tránsito constante.
La captura en Cuba de este ciudadano chino, le ha servido a La Habana para mostrar ante EE.UU. y el mundo, una buena cara de frente a la lucha contra el consumo de droga.
Parecen botes de pescadores, pudiera parecer incluso que son personas escapando de un país pero... las imágenes y evidencias parecen concluyentes. Y están advertidos.
A falta del expediente completo, lo verificable hasta ahora es que el supuesto “broker” chino vuelve a estar bajo jurisdicción de EE. UU., que lo acusa de mover grandes cargamentos de drogas y coordinar pagos a través de casas de efectivo y cuentas bancarias en varios países.
El mandatario informó del ataque a través de su red Truth Social, donde aseguró que se trataba de “narcoterroristas confirmados” que transportaban drogas ilegales, definidas por él como “un arma mortal que envenena a los estadounidenses”.
La advertencia del Pentágono tras el sobrevuelo de los F-16 venezolanos no es un gesto aislado, sino el capítulo más reciente de una partida que mezcla política doméstica en Washington, la legitimidad internacional del uso de la fuerza y el control —cada vez más militarizado— de las rutas del delito en el Caribe.
Líder absoluto de Los Choneros —grupo aliado del cártel de Sinaloa—, “Fito” se fugó a finales de 2023 de la Cárcel Regional de Guayaquil, donde controlaba prácticamente todos los pasillos. En vez de ser enviado al CECOT, la megacárcel de El Salvador que ha servido como símbolo de mano dura en América Latina, Ecuador optó por trasladarlo de regreso a “La Roca”, una prisión de máxima seguridad que ya conoce... y de la que también se fugó en 2013.
Este caso continúa en desarrollo, y se espera que en las próximas semanas los acusados enfrenten sus audiencias judiciales, donde podrían enfrentar penas que van desde 20 años hasta cadena perpetua, dependiendo de la gravedad de los cargos.
Las condenas a los siete cubanos involucrados en trata de personas y robo con violencia representan un paso importante en la lucha contra el crimen organizado en Cuba.
Estos esfuerzos reflejan la firme voluntad del gobierno cubano de minimizar el tráfico y consumo de drogas en el país, aplicando rigurosas sanciones y llevando a cabo una labor preventiva enfocada en la juventud y la educación.
Al menos 15 personas fueron acusadas de intentar entrar droga a la isla y de “establecer una base de apoyo logístico para posteriores desembarcos de droga”.