El PIP permitía a los beneficiarios obtener permisos de trabajo y protección contra la deportación mientras tramitaban su residencia. Para ser elegibles, los solicitantes debían probar residencia continua en el país desde 2014 y estar casados legalmente con un ciudadano estadounidense antes de 2024. Miles de solicitudes procesadas por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) quedarán ahora en suspenso.
