El caso fue llevado por la abogada cubanoamericana Liudmila A. Marcelo, quien compartió en sus redes sociales que, tras casi cuatro horas de interrogatorio y revisión de evidencias, la jueza determinó que aunque la persecución pasada sufrida por su cliente no alcanzaba el umbral requerido por la ley, su actividad política en redes sociales, combinada con la severidad del nuevo Código Penal cubano, sí constituía un riesgo real y concreto en caso de ser devuelto a la isla.
