El caso de 1ra y 70 queda como síntoma y alerta. Detrás de las imágenes hay historias de ruptura familiar y carencias materiales que requieren algo más que retirar a los menores del jardín de un hotel: políticas sostenidas de protección, acompañamiento psicosocial y transparencia institucional para que la próxima foto no se repita unas cuadras más allá.
Toda condena penal debiera descansar en una investigación exhaustiva y en pruebas sólidas, valoradas en juicio con garantías para la defensa. Cuando la cronología no cuadra, cuando los testigos clave no son escuchados, cuando los indicios materiales no resisten peritaje, cuando asoman presiones y contradicciones, el único camino compatible con la justicia es la revisión del caso. Eso piden las familias de Leinier Ramos Martell y Junior Quesada del Valle: que se mire de nuevo, con lupa, sin prejuicios ni urgencias por cerrar expedientes; que se escuche a quienes no fueron oídos; que se rehagan las diligencias necesarias; que, si hay culpables, se demuestre; y si no los hay, se repare el daño cuanto antes.
