Si la familia de Arley nunca fue notificada oficialmente de su detención o traslado, ese hecho se inscribe en un panorama en el que la opacidad de ICE ya es objeto de queja sistemática. Y si él prefirió no avisar para preservar su integridad o la de sus seres queridos, entonces el sistema falló en proteger el derecho mínimo de comunicación y asistencia legal. En ambos escenarios la conclusión es la misma: falta de transparencia y derechos vulnerados.
