derechos humanos

Cuba dijo haber detenido a diez panameños en La Habana por “propaganda contra el orden constitucional”. Los nombres circularon en redes y algunos medios los replicaron, pero su huella digital pública es mínima y la historia exige confirmación institucional y consular.

Familiares de Arnoldo Matos Domínguez denuncian que desconocen su paradero tras traslados posteriores al motín en la prisión de Canaleta.

Organizaciones de derechos humanos informaron de un motín en el penal de alta seguridad de Canaleta, en Ciego de Ávila, y denunciaron muertes bajo represión posterior. La falta de comunicación oficial impide verificar cifras de manera independiente, mientras crecen los testimonios de familiares y activistas.

En una directa, Amelia Calzadilla cuestionó que el mundo “descubra” ahora la crisis cubana y sostuvo que el deterioro humanitario viene de años. Su mensaje coincide con una semana marcada por la escasez de jet fuel y la suspensión de vuelos, que volvió a poner a Cuba en titulares internacionales.

Cuba insiste en que está dispuesta a un “diálogo respetuoso” con Estados Unidos, pero su historial reciente muestra lo contrario puertas adentro: 27N, 27E y 11J terminaron en ruptura, detenciones y represión, incluso cuando artistas pidieron apenas minutos al aire frente al ICRT.

La ANPP recibió una petición por una Ley de Amnistía con 1.535 firmas verificadas, mientras el discurso oficial insiste en que no hay persecución política.

Mensajes de Irene Montero y Manu Pineda contra las sanciones de EEUU provocaron una oleada de críticas de cubanos que exigen libertades.

La reacción contra Mike Hammer no busca “proteger la soberanía” sino controlar la escena: impedir que conversaciones normales se vuelvan evidencia pública.

NiO Reportando un Crimen documentó dos casos que señalan a mandos del MININT por corrupción y represalias contra un exoficial.

Una madre denuncia que un teniente disparó a su hijo en la unidad 46-00 y que luego fue retirado de casa sin dar información.

Activistas intentan localizar a familiares de Gisela, una cubana que vive en la calle en Rivas, Nicaragua, en estado crítico de salud y abandono.

Antes de hablar de injerencias, conviene recordar el origen del conflicto: elecciones sin actas, un poder que no cedió y represión documentada.

Detenidos cubanos protestaron dentro de Alligator Alcatraz para denunciar condiciones y el estancamiento de sus procesos migratorios.

Un estudio de la Universidad del Sur de Florida advierte que el endurecimiento de la política migratoria en el estado ha alterado de forma profunda la vida cotidiana de familias inmigrantes, incluidas aquellas con estatus legal mixto. A partir de entrevistas en profundidad, la investigación documenta efectos emocionales, laborales y sociales asociados al aumento de la vigilancia, el miedo a la deportación y la expansión de las medidas de control impulsadas por el gobierno estatal.

Centenares de cubanos recluidos en Alligator Alcatraz denuncian condiciones extremas y amenazas de deportación, mientras otros, como un paciente trasplantado en Miami, temen la separación familiar por su estatus migratorio.