La administración Trump presentó un escrito ante la Corte Suprema en el caso Exxon Mobil vs. Corporación CIMEX y otras entidades cubanas, en el que reclama que la Ley Helms-Burton permita demandar directamente a empresas del Estado cubano por propiedades confiscadas, sin el paraguas de inmunidad soberana que les reconocen otras leyes federales. El gesto reabre el pulso jurídico y político por las expropiaciones de 1960 y coloca a Washington, otra vez, del lado de quienes buscan castigar económicamente al régimen.
La advertencia del Pentágono tras el sobrevuelo de los F-16 venezolanos no es un gesto aislado, sino el capítulo más reciente de una partida que mezcla política doméstica en Washington, la legitimidad internacional del uso de la fuerza y el control —cada vez más militarizado— de las rutas del delito en el Caribe.
