La detención en Fall River del cubano Jorge García Hernández, señalado por ICE como infractor habitual con condenas por delitos sexuales y de drogas, se cruza con la ofensiva migratoria de la administración Trump y con el bloqueo de La Habana a la devolución de ciertos nacionales.
Dos cubanos residentes en Florida, Yordany Cuervo y Dario Brito Permuy, fueron detenidos en Dakota del Sur con más de 300 tarjetas clonadas y un arsenal tecnológico para fraude en Walmarts de tres estados. Aunque enfrentan 66 cargos, la investigación aún intenta determinar si actuaban solos o formaban parte de una red mayor.
El caso ha generado una rápida reacción pública en El Paso, donde organizaciones que acompañan a migrantes advierten desde hace años sobre el “peaje” de la deuda con los traficantes, un mecanismo que transforma la vulnerabilidad en servidumbre. La narrativa que emerge del sumario —una mujer sin redes de apoyo, presionada a “pagar” mediante sexo— coincide con patrones que las autoridades federales han documentado en la frontera. Aunque por ahora rige la presunción de inocencia para los detenidos, los indicios descritos en las declaraciones juradas apuntan a un funcionamiento sostenido de la red, con roles definidos y uso de hoteles, intermediarios y transferencias para ocultar beneficios.
