El médico Salvador Plasencia fue condenado a 30 meses de prisión por suministrar ilegalmente ketamina a Matthew Perry en los meses previos a su muerte. La investigación reveló que el actor obtenía dosis adicionales fuera de los protocolos médicos, en una red donde Plasencia actuó como proveedor clave. La sentencia envía un mensaje a las clínicas de bienestar que cruzan la línea entre tratamiento y abuso.
La Fiscalía de Guantánamo abrió un proceso penal por el asesinato del profesor Rolando Castelví Riñat, atacado con arma blanca mientras realizaba una guardia en la Escuela Pedagógica José Maceo. El crimen expone la creciente inseguridad en centros educativos y las fallas estructurales que permitieron la entrada de cuatro jóvenes al recinto antes del ataque.
En menos de 24 horas, tres ataques con arma blanca en distintos puntos de Miami-Dade —una fiesta que terminó en sangre, una mujer acuchillada dentro de un restaurante y dos víctimas más en Homestead— dejaron la sensación de una ciudad donde la violencia estalla en cualquier esquina. Las investigaciones siguen abiertas, pero la impresión pública es clara: las puñaladas están marcando el pulso de la crónica diaria.
Dos desapariciones sacudieron Miami esta semana, pero con desenlaces opuestos: mientras la policía busca urgentemente a Salvador Pino, un anciano de 76 años extraviado en Little Havana, otro caso reveló un crimen. Saúl García, quien reportó que su pareja había “desaparecido”, fue arrestado y acusado de homicidio después de que los detectives hallaran el cuerpo de la mujer en un canal y desmontaran su versión con datos de celulares y cámaras de seguridad.
Un hombre de 39 años fue arrestado en Miami tras descubrirse que instaló dos cámaras ocultas en la vivienda de su exnovia. La policía encontró los dispositivos en tomacorrientes del salón y el dormitorio, y el acusado admitió su instalación en mensajes de texto.
Tres expedientes, tres modalidades delictivas y un mismo punto de convergencia: Miami, donde las fronteras entre lo local y lo internacional son delgadas, y donde el sistema judicial continúa lidiando con redes que aprovechan ese tránsito constante.
El proceso judicial no era nuevo para él. En 2015, un jurado ya lo había condenado a muerte por el mismo crimen, también con una votación 9 a 3, pero la sentencia fue anulada por cambios constitucionales relacionados con la aplicación de la pena capital en Florida. Esta vez, los fiscales insistieron en que la violencia del ataque —y el hecho de que Andrés ya era un asesino convicto— justificaba la ejecución. Recordaron que en 1987 él había matado a puñaladas a Linda Azcarreta, amiga de su esposa, un crimen por el que apenas cumplió 18 meses de prisión tras declararse culpable.
En La Habana Vieja una vieja deuda de sangre se cobró a plena luz del día, frente a todos, y reforzó la idea de que, en muchos barrios de la capital, la vida vale cada vez menos y la violencia se ha convertido en un lenguaje habitual.
Según el informe policial citado por medios locales como Local 10 News y Law & Crime, la mujer relató que se encontraba en la acera con su hijo cuando Larrea Díaz, que llevaba una mochila, se les acercó y sacó un objeto que describió como “un cuchillo largo de color marrón”. En ese momento, el hombre la amenazó directamente: “¿Dónde está tu esposo? Te voy a cortar el cuello a ti y a tu hijo”, habría dicho en español, de acuerdo con el reporte.
Jennings fue condenado por uno de los crímenes más estremecedores registrados en Florida: el secuestro, violación y asesinato de Becky Kunash, una niña de seis años.
De acuerdo con los reportes preliminares, un hombre abrió fuego contra su esposa y su suegra dentro de un apartamento del complejo ubicado en el 2700/2500 de West 67th Place, y luego se quitó la vida.
El llamado busca no solo reabrir un expediente, sino rescatar la memoria de una mujer que, como tantas, fue silenciada por la violencia machista y por un sistema que rara vez responde. Porque la justicia no puede tardar otros catorce años. Cada día sin respuesta prolonga el dolor y confirma una impunidad que, en Cuba, se ha vuelto costumbre.
La Policía de Tulsa agradeció las llamadas y consejos recibidos durante la búsqueda, subrayando el valor de la cooperación con otras agencias —en particular con los U.S. Marshals— para capturar a personas buscadas que cruzan jurisdicciones estatales. El caso ilustra cómo el intercambio de información entre departamentos y sistemas de cámaras de comercios o áreas públicas, sumado a los reportes de la comunidad, puede acelerar la localización de prófugos y su puesta bajo custodia.
