Dos mujeres cubanas murieron en enero en hechos separados: una fue asesinada en Camagüey y otra falleció apuñalada en Las Vegas. En ambos casos, los presuntos agresores eran (ex)parejas y fueron detenidos.
Un ómnibus que trasladaba trabajadores desde Holguín hacia el Mariel se volcó en la Curva de Ignacio, Jimaguayú, Camagüey. El balance preliminar reporta dos fallecidos, incluido un niño, y 38 lesionados atendidos en varios hospitales.
Las imágenes y los testimonios, publicados en redes justo cuando el Gobierno celebra y resalta el control sanitario nacional, constituyen un desafío difícil de soslayar. Porque en un país que dice proteger a su gente, que la muerte se vuelva masiva y visible antes de ser atendida no es solo tragedia: es advertencia. Y en Camagüey la advertencia ya se ha vuelto crónica.
En Cienfuegos, Camagüey y otras provincias, la muerte ya no es solo un rito; es un pasillo saturado, un nicho compartido, un silencio oficial que pesa más que el mosquito que la trae. La cuenta avanza, y mientras tanto, nombres se suman a la lista sin que haya explicación oficial, solo fosas abiertas.
El hecho generó una cadena de reacciones en las redes sociales, viralizadas con la etiqueta #JusticiaParaMichel. Usuarios, conocidos y desconocidos, compartieron el mensaje hasta que la causa pasó de la indignación privada al reclamo público. La detención de “El Moro” marca el principio de un proceso que muchos esperan no quede en el silencio de los expedientes cubanos, sino que termine con una sanción ejemplar.
Cuba suma otro nombre a una lista que no deja de crecer y dos víctimas más que pelean por su vida. La noticia no es solo el espanto, sino la pregunta que se instala tras cada caso: ¿quién protege a las mujeres cuando el peligro ya está anunciado?
Más allá de las versiones y los juicios inmediatos, el caso refleja una grieta más profunda. La combinación de marginalidad, descomposición social y respuestas institucionales torpes parece empujar a los más jóvenes a los bordes de la violencia, mientras el Estado responde desde la represión y no desde la prevención.
Los relatos, compartidos como publicaciones y fotografías, combinan descripciones médicas, testimonios de vecinos y reclamos por la inacción de las autoridades locales, y llegaron acompañados de un clamor por justicia que se repite en los comentarios.
Los casos aquí reunidos, denunciados por los activistas e informadores cubanos Niover Licea y José Luis Tan Estrada, forman un mismo cuadro, aunque sucedan en provincias distintas y con actores distintos. En el servicio militar de un muchacho de 18 años, en los pasillos de Taco Taco, en la Prisión Pendiente de Santa Clara, en la cárcel de Panamá en Güines, en el cuerpo de guardia pediátrico de Cienfuegos y en la sala donde un anciano esperó una ambulancia, se repiten palabras como abuso, abandono, extorsión, castigo, silencio. Y se repiten, también, los nombres de quienes deberían responder: jefes de prisión señalados como Yurianis Spek, Ángel Figueroa "Redondeaow", Islander Laffita Turro y el primer teniente Fabelo, amparados, según denuncias, por superiores como Carlos Quintana y Juan Ramón Castillo. La exposición de esos rostros no es un acto de venganza: es una forma de registro público cuando las vías institucionales fallan o se cierran.
