El gobierno insistió en que solo aquellos extranjeros que cumplan con todos los requisitos de elegibilidad, incluyendo la capacidad de leer, escribir y hablar inglés, y comprender el gobierno y la educación cívica de Estados Unidos, pueden naturalizarse.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito dio rienda suelta a la administración Trump para seguir arrestando y deportando a beneficiarios del programa.
