Roberto A.

El llamado busca no solo reabrir un expediente, sino rescatar la memoria de una mujer que, como tantas, fue silenciada por la violencia machista y por un sistema que rara vez responde. Porque la justicia no puede tardar otros catorce años. Cada día sin respuesta prolonga el dolor y confirma una impunidad que, en Cuba, se ha vuelto costumbre.

La confirmación del portazo no tardó en llegar por la vía periodística. Medios independientes informaron que las autoridades culturales prohibieron la gala en FAC para homenajear a Celia por sus cien años, un acto que tenía respaldo artístico y sentido histórico, y cuya cancelación desnuda la continuidad de una práctica que el país finge haber superado: la del llamado Quinquenio Gris.

En el centro de la polémica está Luis Enrique González Martínez, de 25 años y natural de Placetas, quien cumplía sanción en el área militar del penal y se encargaba de repartir los almuerzos a otros internos. De acuerdo con lo reportado por Nio, fue trasladado sin explicación a dependencias de la Seguridad del Estado y permanece incomunicado desde el día de la fuga. Su esposa, Dayluis González, denunció que su marido “no tiene nada que ver con eso” y expresó temores por su integridad, al asegurar que él le dijo que prefería morir antes que estar en el lugar donde lo mantienen retenido.

Esa coexistencia entre fin y renacimiento define hoy la gastronomía de Miami: una ciudad que se despide de sus lugares de siempre mientras otros, con menos historia pero igual pasión, asumen el relevo. Y aunque algunos locales emblemáticos se apaguen, la inclusión de tres restaurantes en The Resy 100 demuestra que el fuego sigue encendido en las cocinas de la ciudad.

Más allá de este caso, la publicación ha reactivado conversaciones sobre la cantidad de historias inconclusas que dejó aquel éxodo y sobre la necesidad de articular redes cívicas que ayuden a cruzar datos de manera responsable, protegiendo la privacidad pero favoreciendo los reencuentros. Para Marta, Roberto y Esteban, se trata, ante todo, de un acto de memoria: saber qué fue de su madre y, si es posible, volver a abrazarla. Si no, al menos conocer su destino para poder cerrar una herida que lleva 45 años abierta.

Los casos aquí reunidos, denunciados por los activistas e informadores cubanos Niover Licea y José Luis Tan Estrada, forman un mismo cuadro, aunque sucedan en provincias distintas y con actores distintos. En el servicio militar de un muchacho de 18 años, en los pasillos de Taco Taco, en la Prisión Pendiente de Santa Clara, en la cárcel de Panamá en Güines, en el cuerpo de guardia pediátrico de Cienfuegos y en la sala donde un anciano esperó una ambulancia, se repiten palabras como abuso, abandono, extorsión, castigo, silencio. Y se repiten, también, los nombres de quienes deberían responder: jefes de prisión señalados como Yurianis Spek, Ángel Figueroa "Redondeaow", Islander Laffita Turro y el primer teniente Fabelo, amparados, según denuncias, por superiores como Carlos Quintana y Juan Ramón Castillo. La exposición de esos rostros no es un acto de venganza: es una forma de registro público cuando las vías institucionales fallan o se cierran.

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Dos historias distintas, un mismo mapa de vulnerabilidad. El itinerario que lleva a muchos cubanos hasta Rusia, ya sea por promesas laborales o por el señuelo de un pasaporte y un pago rápido, choca de frente con la realidad de un país en guerra y con un sistema migratorio opaco para los recién llegados. Hoy, la familia de Yoelsi espera señales desde un frente que traga nombres; la de Jonathan, una puerta de salida desde un centro de retención. En ambos casos, la visibilidad es la primera herramienta para romper el bloqueo del silencio.

Manuel Marín, el actor “karateca” que casi mata a El Tavo, hoy enseña en un dojo chileno lo que antes soltaba con golpes en pantalla: la ambigüedad entre violencia física y presencia artística.

La casa de Mailyn es un pasillo de mensajes, llamadas y portazos al silencio. Ella pide que, si alguien ve el carro rojo o sabe algo de Alexander Aguilera Becerra, avise. Pide, en el fondo, lo mismo que pide todo pariente que no encuentra: acción. Rastros en cámaras, llamadas invertidas, consultas a talleres y parqueos, visitas a hospitales y policlínicos. Y pide, también, lo que solo puede darle la policía: una investigación que empiece ya, que comunique cada paso y que no se oculte tras la palabra “esperar”.

En los comentarios que acompañan ambos decesos se repiten tres ideas: sin medicamentos básicos, con cuerpos debilitados por la mala alimentación y con mosquitos proliferando en aguas estancadas, el riesgo se multiplica; la atención llega tarde, cuando ya los signos de alarma son ineludibles; y la comunicación pública, al rehuir la palabra dengue, desactiva los reflejos de prevención comunitaria. Mientras no se nombre el problema, insisten los vecinos, no habrá plan creíble para frenarlo. Hoy, en Moa y en Palma Soriano, el vacío que dejan Dannita y Elsa Ivis es la prueba más dolorosa de esa omisión.

Si se confirma, el episodio sería un espejo triste de la pérdida de respeto hacia los animales y hacia quienes los protegen.

La escena hoy, ante la crisis epidemiológica que se vive en Cuba con brotes de virus conocidos como el dengue, Zika, Oropouche y Chikungunya, se desplaza a ciudades como Valencia y Madrid, donde se multiplican llamados prácticos.

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