Se trata de un hecho que “sugiere que un plan de la administración Trump para dar al sector empresarial privado una ventaja sobre las empresas estatales está bien encaminado”.
Según este análisis, el gobierno de Estados Unidos habría cobrado más de mil millones de dólares en tarifas migratorias por solicitudes que no tiene intención de adjudicar bajo ciertas políticas recientes.
Un juez determinó que la joven madre fue privada de su libertad sin una evaluación individualizada, sin notificación previa y sin oportunidad de defenderse.