La magistrada Jacqueline Becerra, del Distrito Sur de Florida, rechaz\u00f3 la petici\u00f3n del gobierno de Donald Trump para desestimar una demanda colectiva presentada en nombre de 992 demandantes que buscan reactivar, para ellos, la Ley de Ajuste Cubano. La decisi\u00f3n no resuelve el caso a favor de los demandantes, pero s\u00ed confirma algo que hasta ahora estaba en disputa: que la Corte tiene jurisdicci\u00f3n para estudiarlo. Seg\u00fan los abogados que llevan el caso, de ese proceso podr\u00edan beneficiarse hasta 500,000 cubanos en Estados Unidos.<\/p>\n\n\n\n
La Ley de Ajuste Cubano, vigente desde la presidencia de Lyndon Johnson, permite que un cubano admitido legalmente en el pa\u00eds solicite la residencia permanente tras un a\u00f1o y un d\u00eda de estad\u00eda. El litigio busca que se reconozca que quienes tocaron territorio estadounidense y fueron admitidos, aunque fuera de forma temporal, puedan contar ese tiempo para efectos de su ajuste de estatus.<\/p>\n\n\n\n
El abogado de inmigraci\u00f3n Jaime Barr\u00f3n explic\u00f3 que el conflicto nace de c\u00f3mo el Departamento de Seguridad Nacional, bajo la administraci\u00f3n de Trump, interpreta el concepto de \u00abingreso legal\u00bb. El formulario I-220A, dijo, identifica a personas que fueron admitidas de forma temporal, pero sin otorgarles el estatus de entrada legal que necesitan para acumular el tiempo exigido por la ley y solicitar la residencia. Esa interpretaci\u00f3n restrictiva es la que ha dejado a una parte de la comunidad cubana varada entre dos categor\u00edas migratorias, mientras otros compatriotas en circunstancias similares s\u00ed han logrado regularizarse.<\/p>\n\n\n\n
\u00abPor el momento, nada ha cambiado en la pr\u00e1ctica\u00bb, advirti\u00f3 Barr\u00f3n, quien insisti\u00f3 en que los cubanos con I-220A siguen sin poder solicitar la residencia hasta que se defina con claridad qu\u00e9 constituye, legalmente, una entrada al pa\u00eds.<\/p>\n\n\n\n