{"id":214913,"date":"2025-08-02T18:19:34","date_gmt":"2025-08-02T22:19:34","guid":{"rendered":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/?p=214913"},"modified":"2025-08-02T18:19:42","modified_gmt":"2025-08-02T22:19:42","slug":"golpe-contra-los-okupas-en-espana-supremo-defiende-que-los-propietarios-puedan-cortar-luz-agua-y-gas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.cuballama.com\/noticias\/golpe-contra-los-okupas-en-espana-supremo-defiende-que-los-propietarios-puedan-cortar-luz-agua-y-gas\/","title":{"rendered":"Golpe contra los okupas en Espa\u00f1a: Supremo defiende que los propietarios puedan cortar luz, agua y gas"},"content":{"rendered":"\n

El nuevo criterio del Supremo en Espa\u00f1a reafirma el derecho leg\u00edtimo de los propietarios frente a ocupaciones flagrantes por parte de los llamados okupas; pero no resuelve el de los inquiokupas; aquellos que alquilan legalmente, pero dejan de pagar.<\/h2>\n\n\n\n

Sin embargo, tambi\u00e9n se\u00f1ala la necesidad urgente de pol\u00edticas p\u00fablicas que combinen protecci\u00f3n de la propiedad y soluciones habitacionales dignas para quienes est\u00e1n en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n.<\/h3>\n\n\n\n

Una reciente resoluci\u00f3n del Tribunal Supremo marca un giro decisivo en la regulaci\u00f3n sobre la ocupaci\u00f3n ilegal de viviendas en Espa\u00f1a. Seg\u00fan fuentes judiciales, el Alto Tribunal ha avalado que los propietarios \u2014o titulares legales de un inmueble\u2014 puedan dar de baja los servicios de luz, agua y gas cuando el piso haya sido ocupado de forma ilegal, sin que ello constituya delito de coacciones.<\/p>\n\n\n\n

La decisi\u00f3n se enmarca en la doctrina unificada establecida previamente por la Audiencia Provincial de Barcelona y confirmada por la de Girona: unos 60 magistrados penales en Catalu\u00f1a acordaron el 7 de marzo que cortar o no pagar los suministros b\u00e1sicos no puede considerarse delito<\/strong>, siempre y cuando la vivienda est\u00e9 ocupada sin contrato o t\u00edtulo v\u00e1lido, como indica El Economista<\/a>. Este criterio se ha extendido a toda la provincia barcelonesa y servir\u00eda de referencia a otros tribunales espa\u00f1oles.<\/p>\n\n\n\n

En concreto, la Audiencia de Barcelona tambi\u00e9n acord\u00f3 que no se podr\u00e1n archivar las denuncias por usurpaci\u00f3n de vivienda sin identificar previamente a los ocupantes ilegales. Solo si esa identificaci\u00f3n resulta imposible se considerar\u00e1 el sobreseimiento, lo que busca agilizar los procedimientos judiciales y evitar dilaciones innecesarias.<\/p>\n\n\n\n

Este cambio es relevante porque muchos propietarios hab\u00edan vivido situaciones kafkianas: ver c\u00f3mo extra\u00f1os ocupaban sus viviendas mientras eran ellos quienes pagaban el consumo y corr\u00edan el riesgo penal de denunciarlos. Hasta ahora, cortar suministros sol\u00eda entenderse como una forma de presi\u00f3n ilegal, tipificada como coacci\u00f3n bajo el art\u00edculo\u202f172 del C\u00f3digo Penal.<\/p>\n\n\n\n

La medida pretende acelerar la recuperaci\u00f3n de viviendas ocupadas ilegalmente. Seg\u00fan datos de Alquiler Seguro y el CGPJ, el tiempo medio para recuperar un inmueble en Espa\u00f1a supera los 8 o 12 meses, dependiendo de la comunidad aut\u00f3noma; en algunos casos, puede llegar a los 23 meses. Aunque han ocurrido casos en el que los propietarios leg\u00edtimos de las viviendas han estado a\u00f1os lidiando con el sistema juidicial para que los okupantes sean desalojados. Con esta nueva doctrina, los propietarios tienen una herramienta adicional para desalentar ocupaciones il\u00edcitas sin riesgos penales.<\/p>\n\n\n\n

Sin embargo, todav\u00eda parte del problema no est\u00e1 resuelto y esto es se\u00f1alado por expertos legales, ya que esta doctrina solo se aplica cuando la ocupaci\u00f3n es claramente ilegal<\/strong>, es decir, sin contrato o t\u00edtulo. <\/p>\n\n\n\n

Es decir: no ampara casos denominados de \u201cinquiokupaci\u00f3n\u201d \u2014cuando un inquilino deja de pagar\u2014, ya que ah\u00ed s\u00ed procede el desahucio judicial por impago y el corte de suministros podr\u00eda considerarse ilegal. Adem\u00e1s, se exige que el suministro est\u00e9 a nombre del propietario y que el corte sea gestionado por la compa\u00f1\u00eda suministradora, no por el propietario directamente, para no incurrir en responsabilidad penal, se\u00f1ala el Diario ABC<\/a>.<\/p>\n\n\n\n

Las reacciones ante esta resoluci\u00f3n son encontradas. Propietarios y asociaciones de defensa de la propiedad la celebran como un alivio legal esperado durante a\u00f1os. Por otro lado, organizaciones sociales y abogados defensores del derecho a la vivienda advierten que dejar sin luz o agua a ocupantes, aunque sean ilegales, abre un dilema \u00e9tico y social en un contexto de emergencia habitacional, indica Periodista Digital.<\/a> Aunque claro, presumiblemente, ning\u00fan okupa o inquiokupa le ha okupado la vivienda a ninguno de estos \u00abdefensores \u00e9ticos\u00bb.<\/p>\n\n\n\n

En definitiva, el nuevo criterio reafirma el derecho leg\u00edtimo de los propietarios frente a ocupaciones flagrantes, pero tambi\u00e9n se\u00f1ala la necesidad urgente de pol\u00edticas p\u00fablicas que combinen protecci\u00f3n de la propiedad y soluciones habitacionales dignas para quienes est\u00e1n en situaci\u00f3n de exclusi\u00f3n. <\/p>\n\n\n\n

El fen\u00f3meno de los okupas en Espa\u00f1a: entre la desesperaci\u00f3n social y el vac\u00edo legal<\/h4>\n\n\n\n

El fen\u00f3meno de la okupaci\u00f3n ilegal de viviendas en Espa\u00f1a tiene ra\u00edces complejas. Surgi\u00f3 inicialmente en los a\u00f1os 80 como un movimiento antisistema vinculado a la izquierda radical, en respuesta al aumento del parque de viviendas vac\u00edas en manos de bancos y grandes propietarios, mientras miles de j\u00f3venes no pod\u00edan acceder a un hogar. Aquel movimiento original, con fuerte carga ideol\u00f3gica, se transform\u00f3 con el tiempo en una problem\u00e1tica social muy distinta: hoy existen redes organizadas que ocupan inmuebles para lucrarse, y personas vulnerables empujadas a la ilegalidad por la crisis habitacional<\/strong>.<\/p>\n\n\n\n

Espa\u00f1a ha sido uno de los pocos pa\u00edses europeos donde la legislaci\u00f3n ha tendido a proteger m\u00e1s a quien est\u00e1 dentro de una casa \u2014aunque sea sin t\u00edtulo legal\u2014 que al propietario que busca recuperarla<\/strong>. La lentitud judicial, el garantismo extremo y un sistema de protecci\u00f3n contra desahucios \u2014sobre todo en casos de menores o personas vulnerables\u2014 han dado lugar a abusos crecientes. Algunos propietarios pasan a\u00f1os sin poder acceder a su vivienda<\/strong>, pagando suministros, comunidad y tasas, mientras el sistema judicial se atasca.<\/p>\n\n\n\n

La izquierda pol\u00edtica, en especial el PSOE y sus socios (Podemos, Sumar), ha sido acusada de mirar hacia otro lado ante el problema. Aunque han impulsado pol\u00edticas sociales de vivienda, muchos critican que han protegido de forma excesiva ciertos colectivos y no han actuado con firmeza ante las mafias de la ocupaci\u00f3n. Incluso han llegado a criminalizar la actuaci\u00f3n de empresas de desalojo como Desokupa, cuya legalidad tambi\u00e9n ha sido objeto de debate.<\/p>\n\n\n\n

Los casos que ilustran la desesperaci\u00f3n de propietarios abundan y hasta a famosos como a Georgina Rodr\u00edguez, esposa de Cristiano Ronaldo, se ha visto afectada.<\/p>\n\n\n\n

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