La decisi\u00f3n del presidente Donald Trump de suspender los permisos de trabajo para beneficiarios del parole humanitario y del Estatus de Protecci\u00f3n Temporal (TPS) ha comenzado a tener un impacto tangible y devastador en el sur de Florida. En la ciudad de Doral, donde una gran parte de la poblaci\u00f3n es de origen venezolano, ya se han producido despidos tanto en el sector p\u00fablico como privado.<\/p>\n\n\n\n
La alcaldesa de Doral, Christi Fraga, confirm\u00f3 que varios empleados del propio ayuntamiento han perdido sus trabajos debido a que su estatus migratorio ya no les permite seguir laborando legalmente. \u201cHemos sido afectados porque ten\u00edamos empleados que estaban en TPS y tuvimos que despedirlos. Lo otro que hay que aclarar es que muchas de las personas de nuestra comunidad ten\u00edan alg\u00fan otro tipo de estatus\u201d, explic\u00f3 Fraga en el programa Al Punto Florida<\/em>, declaraciones que fueron recogidas por Univisi\u00f3n23 Miami.<\/a><\/em><\/p>\n\n\n\n No solo la administraci\u00f3n p\u00fablica se ha visto forzada a tomar estas decisiones. Comercios, empresas privadas y negocios familiares de la ciudad tambi\u00e9n se encuentran ante el dilema de dejar ir a empleados valiosos, en muchos casos por simples razones legales que escapan a su control. La incertidumbre reina entre quienes llegaron a Estados Unidos amparados por programas temporales como el parole humanitario o el TPS Venezuela, y que ahora se ven desprovistos de su permiso de trabajo.<\/p>\n\n\n\n El fallo de la Corte Suprema que permiti\u00f3 la revocaci\u00f3n de estos beneficios no fue una decisi\u00f3n final, pero s\u00ed suspende de forma inmediata sus efectos protectores mientras el caso contin\u00faa su curso en instancias inferiores. Seg\u00fan datos preliminares, m\u00e1s de 550,000 migrantes se encuentran ahora en un limbo legal.<\/p>\n\n\n\n \u00bfQu\u00e9 implica esto para los afectados?<\/strong><\/p>\n\n\n\n Una de las mayores preocupaciones es que, al quedarse sin estatus legal ni permiso de trabajo, muchos podr\u00edan enfrentar procesos de deportaci\u00f3n inmediata bajo el mecanismo conocido como remoci\u00f3n expedita<\/strong>. Esta figura legal, en vigor desde 1996, permite a las autoridades migratorias expulsar r\u00e1pidamente del pa\u00eds a quienes llevan menos de dos a\u00f1os en territorio estadounidense y entraron de manera irregular o bajo un permiso cancelado, como el parole.<\/p>\n\n\n\n \u201cEse parole puede ser eliminado en cualquier momento. Una vez cancelado, la persona puede ser deportada sin audiencia\u201d, advirti\u00f3 el abogado de inmigraci\u00f3n Armando Olmedo. La \u00fanica defensa inmediata ante una remoci\u00f3n expedita es la solicitud de una entrevista de miedo cre\u00edble, para iniciar un proceso de asilo. Sin embargo, si esta entrevista no tiene un resultado favorable, la deportaci\u00f3n puede ser pr\u00e1cticamente inmediata y sin derecho a fianza.<\/p>\n\n\n\n Adem\u00e1s, el gobierno ha reactivado una pol\u00edtica de sanciones financieras.<\/strong><\/p>\n\n\n\n Inmigrantes con \u00f3rdenes de remoci\u00f3n vigentes que no abandonaron el pa\u00eds como establece la ley est\u00e1n recibiendo cartas con multas que ascienden hasta 1.8 millones de d\u00f3lares<\/strong>. Aunque esta disposici\u00f3n exist\u00eda en la ley migratoria desde hace a\u00f1os, su aplicaci\u00f3n masiva es reciente. \u201cEl cobro de multas a personas con \u00f3rdenes de remoci\u00f3n existe en la ley y siempre ha existido\u201d, aclar\u00f3 Olmedo, pero ahora el gobierno federal ha empezado a enviar cartas a miles de personas.<\/p>\n\n\n\n Estas cartas implican un dilema: para negociar o apelar la multa, es necesario comparecer ante ICE, lo cual puede derivar en detenci\u00f3n y activaci\u00f3n inmediata de un proceso de deportaci\u00f3n. Y si no se paga, el gobierno puede proceder al embargo de bienes, incluyendo viviendas, autos y cuentas bancarias.<\/p>\n\n\n\n